Agresión institucional: El caso del Diputado Samuel Pérez y su inmunidad

El diputado Samuel Pérez Álvarez, perteneciente al movimiento político que surgió junto al presidente Bernardo Arévalo, enfrenta ahora una fuerte controversia tras un incidente ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala. 

El Ministerio Público (MP) presentó hace poco ante los tribunales una petición para que se le retire la inmunidad parlamentaria, al estimar que su conducta podría configurar serias infracciones administrativas y penales.

Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves

El caso surgió cuando el legislador interceptó y desgarró una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos ha considerado este acto de ruptura como una posible señal de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían respaldar que el Congreso autorice una investigación formal.

Pérez respondió con ironía ante la acusación, calificando la denuncia como un supuesto “hojicidio” y asegurando que nunca pretendió ofender, sino que se trató únicamente de un choque político. Además, desacreditó al denunciante al tildarlo de corrupto.

¿Por qué es importante que se retire la inmunidad?

En Guatemala, los diputados cuentan con inmunidad para preservar su independencia política, aunque esta protección deja de ser plena cuando surgen indicios de abuso de autoridad o actos de discriminación. 

Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.

Además, este caso se da en un contexto de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, con múltiples solicitudes de retiro de inmunidad en trámite por distintos hechos, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad y posible politización de los procesos judiciales contra figuras cercanas al presidente Arévalo.

La situación de Pérez no solo es un episodio aislado de mal comportamiento en el hemiciclo parlamentario, sino que ha escalado a un nivel legal que podría determinar su permanencia e influencia política en el país. Si se confirma el retiro de su inmunidad, el diputado enfrentará un procedimiento en el sistema de justicia ordinario con consecuencias aún por definirse.

Por Jaime Navarro